Tulum.- Los hoteleros del país reconocen que existe un problema de acceso públicos a la playas, pero son los municipios los que debieron proveer en su Plan de Ordenamiento Ecológico Local (Poel) dichos accesos, sin embargo, este decreto no garantiza que ahora lo hagan, declaró David Ortiz Mena López Negrete, presidente de la Comisión Zona Federal Marítimo Terrestre de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles A. C. (AMHMAC).
Y es que, la AMHM envió un documento al legislador
Antonio García Conejo, Presidente de la Comisión de Turismo del Senado de la
República, a quien presentan sus consideraciones en torno al decreto por el que
se adicionan diversas disposiciones a la ley general de bienes nacionales, para
garantizar el libre acceso y tránsito en las playas.
En su carta, los hoteleros puntualizan al Senador “que
todos coincidimos en que gestionar el buen uso de los recursos naturales no
pasa por limitar el acceso a las playas; mucho menos impedir el libre tránsito
de persona alguna. Creer lo contrario es ir en contra de lo que mueve a los estados
turísticos, motor económico de todos los destinos de playa de nuestro país”.
Coinciden que el acceso a las playas públicas es libre,
pues está en la ley desde el siglo pasado y en su respectivo reglamento; así
que “el actual decreto no viene a descubrir, ni aportar nada nuevo que no haya
estado previamente legislado y analizado, con excepción al aumento de sanciones
y la autorización legal de vulnerar derechos de propiedad para ingresar a las playas.
Con este antecedente en mente, nuestra opinión y reflexión nos conduce a
cuestionar ¿cuál es la razón del Decreto que nos ocupa? ¿Las autoridades se
regularán a sí mismas?”.
Ortiz Mena López Negrete, también presidente de la
Asociación de Hoteles de Tulum, explica que en el análisis de las
modificaciones a la ley para permitir el acceso a las playas no fue tomado en
cuenta el sector hotelero, concesionario de las costas, y el resultado fue una
legislación con vacíos, pues no establece cómo permitirán los particulares el
acceso desde su propiedad.
Los hoteleros del país argumentan que, en el Decreto
aprobado recientemente, la responsabilidad de abrir los accesos al mar donde no
haya se lo dejan a los particulares, cuando en la ley dice que dicha responsabilidad
es de los municipios, lo que evidencia la deficiencia administrativa en la
aplicación de la norma y no de un problema de vacío legislativo.
Advierten que este acto “vulnera los derechos
constitucionales más elementales de propiedad, aspecto que resulta más lesivo
para la sociedad que las supuestas limitaciones al disfrute de las playas que
pretenden remediar, que como se ha dicho, siempre fue responsabilidad de la
autoridad competente (Municipio), lo anterior, independientemente de que la redacción
del referido decreto no es clara y en muchos casos ambigua, lo que
indefectiblemente tendrá por resultado un sinnúmero de abusos y controversias
generando más daños a derechos fundamentales de los que se intenta evitar, de
ahí que insistimos, la problemática de fondo se resuelve con la aplicación de
la ley anterior, y no por medio de una labor legislativa que concede derechos
irrestrictos de acceso a la playa para esparcimiento por encima de los derechos
humanos referidos a la propiedad privada”.
“La mayoría de los particulares colindantes a la playa
pagan derechos por el uso de la concesión y
que tales derechos, según la ley, deben orientarse, entre
otras cosas, a cuestiones relacionadas con la habilitación de accesos, vigilancia
y limpieza por sargazo, por parte de las autoridades. En el caso específico de
las playas de Quintana Roo esos recursos también pueden ocuparse en remediar la
problemática planteada invirtiendo en habilitar accesos y hacer vigilancia para
impedir abusos, los cuales fueron base de motivación para emitir el citado
decreto”, enfatiza David Ortiz Mena López Negrete.
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