CHETUMAL.- El pasado 25 de septiembre, Diana Amador
González, agente de la Policía de investigación a la que el Fiscal de Quintana
Roo, Óscar Montes de Oca Rosales, le asignó un arma aún sin haber pasado los
exámenes de control y confianza, iba en estado de ebriedad cuando chocó y volcó
una camioneta Hyundai Creta blanca sin placas, según reporta el portal de “Periodismo
En Colectivo” (periodismoencolectivo.com)
Ese mismo día, el portal de noticias “marcrixnoticias.com”
publicó la nota detallada en la que asegura que “la empleada de la Fiscalía
General del Estado intentó usar su cargo como coordinadora de la Policía
Ministerial para minimizar el accidente y no pagar los daños causados y al
parecer personal de su agrupación acudieron al centro de retención social horas
más tarde para rescatarla de una manera poco cordial”; y agrega, “de acuerdo a
una fuente confiable, la camioneta que conducía Diana Amador González es de los
vehículos recuperados de la Fiscalía General del Estado”.
Se agrega a las irregularidades de Óscar Montes de Oca Rosales
las ordenadas el viernes pasado, donde ordenó la detención de actuarios y
abogados mientras se desahogaba una diligencia en un domicilio de Isla Dorada,
en la zona hotelera de Cancún.
“El artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
establece que se obtiene la libertad por fata de elementos, pero en la acción (de
cumplir la orden de un juez federal) nunca hubo elementos, pero eso se advierte
por un jurista al momento que se tiene conocimiento derecho punible, con la
orden del juez federal”, argumenta el abogado Gabino Andrade, del despacho “Andrade
y Andrade”.
En el documento mostrado se ordenaba que se restituyera
el inmueble a quien demostró que tenía mejor derecho, fue un juicio de
garantías, donde los trabajadores son los que tienen mejor derecho, pues el
derecho laboral es superior a cualquier otro, ejemplo un embargo del IMSS, una
hipoteca, es superior cuando se mandata en un juicio laboral.
A pesar de todos los elementos, y que se emitió la orden
por un Tribunal Colegiado, que es superior a cualquier otro Tribunal, Óscar
Montes de Oca creyó que por ostentar el cargo de Fiscal General de Quintana Roo
emite un “aseguramiento y siente que el juez federal lo tiene que respetar
porque existe una carpeta; se le olvida al Fiscal que cuando se asegura el inmueble
se encuentran también litigando en un juicio laboral y en donde existe un
amparo, que ya feneció y benefició a una de las partes, él tiene que respetar
el debido proceso”.
El abogado Andrade agrega que el proceso obliga que se
debe de notificar a las autoridades que deben participar en la orden del juez
para ver si es legal o no, cosa que el Fiscal Montes de Oca Rosales no realizó,
y el Vicefiscal de apellido Pauli dijo que estaba asegurado el inmueble el día
29 de septiembre, pero el mandamiento que se recibió es mayor, no respetaron el
debido proceso y fue una detención arbitraria de actuarios y abogados.
Otra irregularidad es que los Policía Preventivos se
alejaron después de una llamada telefónica, dejaron solos a los actuarios de
manera misteriosa. “Es una vergüenza para el estado este señor”, refiriéndose
al Fiscal General Óscar Montes de Oca, quien no solo tiene una maestría en Derecho,
sino también un doctorado, concluye el abogado.
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