Chetumal.- Con la usencia de los diputados Hernán Villatoro
Barrios y José Luis Toledo Medina, tres de los cinco integrantes de la Comisión
de Desarrollo Indígena de la XVI Legislatura llevaron a cabo sesión de trabajo
para tratar el tema de la Ley de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas
del Estado de Quintana Roo.
La secretaria de la Comisión, Linda Cobos Castro leyó el
orden del día donde se incluyó el análisis, estudio y discusión de la
Iniciativa de Ley de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado
de Quintana Roo y de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de
la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo;
presentada por el Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, Presidente de la Comisión.
Al realizar el análisis, la Secretaría Técnica de la
Comisión a cargo de Nayeli Solís informó que este proyecto de ley se compone en
dos partes: La propuesta de ley que está conformada por cuatro títulos y
cincuenta artículos ordinarios; dos, reformas a la ley de derechos, cultura y
organización indígena del estado para establecer la función que llevará a cabo
el INMAYA (Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades
Indígenas del Estado de Quintana Roo) en la realización de las consultas
previas, así como la obligación de los órganos constitucionalmente autónomos a
llevar a cabo las consultas previas.
Aunque la Ley contempla que el INMAYA es el encargo de
hacer la consulta, hasta ahora no existe un mecanismo o norma que explique el método
ni especifique los temas que se deben de llevar a consulta en los pueblos originarios
de Quintana Roo.
La información detallada de la Secretaría Técnica es que en
los 11 municipios del estado habita el 60% de población indígena, pero son
cinco los que concentran el mayor número: En Felipe Carrillo Puerto el 91% de
los habitantes son indígenas; en José María Morelos, el 90%; en Lázaro Cárdenas
el 84%; Bacalar tiene un 67% de su población que es indígena y Tulum cuenta con
un 66%.
Sin embargo, de acuerdo con las estadísticas del Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 44% de los que habitan
en Quintana Roo se consideran indígenas, o sea que hay 667 mil personas consideradas
indígenas en el estado; de esos, 11 mil 458 son afrodescendientes.
La población que habla una lengua indígena es de 233 mil
personas, mayores de 5 años, donde el idioma predominante es el maya.
La propuesta de ley contempla que las consultas deben de
tener al menos tres etapas: los actos preparatorios, la jornada de la consulta
y los actos posteriores a la consulta. En cuanto a la primera etapa se debe de realizar
las mesas de trabajo, los foros, emitir la convocatoria y darle máxima
publicidad para que todos se enteren; en la segunda etapa incluye el día que se
llevará a cabo la consulta, el mecanismo y los resultados. Los actos
posteriores a la consulta tienen que ver con la publicación de esos resultados
y si se obtuvo o no la autorización para llevar a cabo el acto consultado.
Posteriormente a la justificación de la iniciativa de
ley, el diputado Pedro Pérez propuso que se invite a estos trabajos de
discusión a especialistas en temas de consulta a pueblos indígenas; además que se
aporten los elementos necesarios que se encaminen a cumplir con los tratados internacionales
de los pueblos originarios.
La diputada Linda Cobos dijo que debe estar la
representante del Instituto Mexicano de los Pueblos Indígenas (IMPI). A lo que Pedro
Pérez agregó que se debe de invitar a gente de Oaxaca que ya tienen experiencia
para que puedan apoyar a la elaboración de la ley.
Se sometió a votación a los miembros de la Comisión. Aprobada
por unanimidad.
Después de la reunión de Comisión, el diputado Pedro
Pérez Díaz expresó que “Es vital respetar la cultura y tradiciones de los
pueblos indígenas, pero también es fundamental hacerlos participes en la toma
de decisiones que afectan de manera directa o indirecta a sus comunidades. Impulsamos
la Ley de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas en Quintana Roo,
buscando que la toma de decisiones sea de manera coordinada con las comunidades
indígenas y los entes gubernamentales”.
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