El PRD después de la tragedia: ¿Cómo responder ante la
culpa?
El PRD es la síntesis de varias décadas de lucha, tanto
institucional como fuera de ellas, de la altura política de hombres como
Vallejo, Arnoldo Martínez Verdugo, Heberto Castillo y Cuauhtémoc Cárdenas, que
supieron poner sus diferencias ideológicas y políticas de lado, por la
coincidencia en la necesidad de transformar el destino económico y social de
nuestra patria. Dicho acuerdo se vería cristalizado en 1989, pero no sería el
final de la lucha contra el autoritarismo político, puesto que en los primeros
años de su fundación, el PRD sufrió el acoso y persecución política de un
régimen que asesinaría a cientos de nuestros compañeros militantes.
Ante esa herencia y carga histórica, el PRD tiene la
obligación moral y política de representar a las minorías, a los perseguidos
políticos y a aquellos que el sistema neoliberal deja sin voz. El PRD nació
para transformar el destino de México, no para perpetuar las dinámicas
oligárquicas de las élites empresariales y políticas que llevan a este país a
una vorágine de crisis económicas y sociales, mientras que ellos lucran de la
profundización de dicha pobreza. Como miembro de la Internacional Socialista,
partido de izquierda y organismo de interés público el PRD tiene una deuda con
la sociedad que fue adquirida en el momento de nuestra fundación y que hasta el
día de hoy no ha sido saldada.
Negar la responsabilidad política de la situación en
Iguala seria actuar con la misma infamia que el PRI al proteger a autócratas
como Ulises Ruiz, Arturo Montiel o Mario Marín. Sería darle la espalda a causas
sociales que hemos defendido históricamente y tener una doble moral política
como la que practican los partidos de la derecha mexicana. ¿Cómo nos sucedió
esto? ¿Cómo nos convertimos de una herramienta de la sociedad a un partido
capaz de postular a miembros del crimen organizado?
Ataques contra nuestras instalaciones y protestas contra
figuras históricas como Cuauhtémoc Cárdenas, Alejandro Encinas y Jesús Zambrano
en sus apariciones públicas, son solo un reflejo del sentir ciudadano contra
nuestro partido. A razón de lo anterior, hoy como Juventudes de Izquierda no
podemos participar activamente bajo nuestras siglas en las manifestaciones. La
mayoría de nuestros integrantes, secretarios municipales, estatales y el
nacional hemos participado como individuos en la marchas. Hoy tenemos la
obligación de reconstruir la identidad opositora de nuestro instituto político.
Tarea que lograremos a través de la formación y posicionamiento de cuadros jóvenes de la izquierda.
En este tenor, condenamos el discurso reaccionario, de
derecha y des articulador de la protesta que se ha permeado en la opinión
pública, condenando y estigmatizando la protesta social, ejercicio legítimo de
la libertad de expresión. Primero, a través de la condena en medios de
comunicación y después, ya desprestigiado el movimiento social, con la
intromisión de militares vestidos de civiles como provocadores que justifican
la represión y abuso de la autoridad por parte de granaderos como hemos visto
en las marchas realizadas a lo largo y ancho del país estas últimas fechas. No
es una fórmula nueva, ya el PRI la utilizó en 68’, 71’, Acteal, Atenco, entre
otras.
Del mismo modo, se ha construido una noción que
constituye en las autoridades locales la carga máxima de la responsabilidad de
la tragedia, como si esta no hubiera sido posibilitada por las fallas y
omisiones del Estado Mexicano. Las JIZ suscribimos #Fue El Estado. La
Procuraduría General de la República falló en integrar un expediente a tiempo del
caso, ha fallado en encontrar responsabilidades directas de mandos policiacos
federales y ha fallado en dar una respuesta satisfactoria y con evidencia del
destino de nuestros compañeros normalistas. El Ejército falló en responder a
tiempo a la tragedia, a pesar de tener presencia en la zona de Iguala. El
General Cienfuegos debe renunciar por su responsabilidad en Iguala y Tlatlaya.
Murillo Karam también debe renunciar, máxime cuando él mismo declara ya no
estar en disposición de cumplir su tarea.
Finalmente, como Juventudes de Izquierda, lamentamos la
ausencia de posicionamiento claro sobre el conflicto de interés que representa
la adquisición de una propiedad de la cónyuge del Presidente de la República,
cedida por la misma empresa que estuvo a punto de adjudicarse la concesión del
Tren Rápido Querétaro – Ciudad de México. Así como el Primer Ministro de
Portugal renunció y está siendo procesado por un conflicto similar. En las JIZ
presentaremos una denuncia para que Enrique Peña Nieto sea desaforado y posteriormente
procesado por su colusión y posible tráfico de influencia con estos empresarios
de la construcción.
Firman juventudes estatales de izquierda de Yucatán,
Tamaulipas, Durango, Quintana Roo Tlaxcala, Sonora, Chihuahua, Sinaloa,
Tabasco, Distrito Federal, Hidalgo y Chiapas.
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