Caminos del Mayab
Por Martín G. Iglesias
A la llegada del gobierno de Carlos Joaquín González, en
el su Plan Estatal (PE), Eje 3: gobierno moderno, confiable y cercano a la
gente en el apartado de “Finanzas pública” su discurso versó en que “Quintana
Roo representa la antítesis de los principios de responsabilidad hacendaria, al
registrar un alto endeudamiento sin clara justificación en la utilización de
los recursos y su incremento sustancial durante el último sexenio (2011-2016),
además de la deuda de corto plazo, que contraviene el correcto manejo de los
recursos públicos. De lo anterior se deduce que el manejo de las finanzas públicas
se aparejó con el endeudamiento acelerado, al amparo de la opacidad, que
impidió la racionalidad administrativa y la rentabilidad en las inversiones;
eso afectó las participaciones federales y comprometió la estabilidad de las
finanzas públicas”.
Aún recuerdo la presentación del PE donde se dijo que el
Gobierno del Estado entre 2009 y 2010 (Félix Arturo González Canto) la deuda se
incrementó 168%, y entre 2010 y 2015 (Roberto Borge Angulo) la deuda creció en
promedio 18% anual, lo que ha posicionado al Estado en la novena entidad con
más deuda del país, encontrándose 36% arriba del promedio nacional.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), al mes de septiembre de 2016, el saldo de la deuda era
de 22 mil 319.7 millones de pesos más la contratación del financiamiento a
través del esquema de Bono Cupón Cero por 262.9 millones de pesos, que refleja
un total de obligaciones por 22 mil 582.6 millones de pesos.
En abril de este año, la titular de la Secretaría de Finanzas
y Planeación (Sefiplan), Yohanet Torres Muñoz declaró que “el pago del servicio
de la deuda mensual será de 136.6 millones de pesos, lo que representan ahorros
mensuales de 32 millones de pesos, permitiendo al estado reorientar en el
ejercicio fiscal del 2020 la cantidad de 260.2 millones de pesos y durante la
presente administración se contemplan 960.1 millones de pesos”.
Hasta septiembre de este año, de acuerdo con la
información presentada en ese entonces por la Sefiplan, el monto a refinanciar
fue de 19 mil 021 millones de pesos, divididos en seis créditos bancarios, más
alrededor de 500 millones por gastos de contratación del refinanciamiento. Los
bancos ganadores de la licitación y los montos que refinanciarán son: Banorte
con 6 mil 300 millones a 20 años; Banobras con 11 mil 200 millones a 22 años y
HSBC México con 1 mil 150 millones de pesos a 25 años. Pero la deuda pública real
es de 22 mil 425.53 millones de pesos.
Sin embargo, parece que no es suficiente, pues el Gobernador
del Estado, Carlos Manuel Joaquín González envió ayer una “iniciativa con
proyecto de decreto” a los diputados de la XVI Legislatura para contratar una
deuda de hasta 820 millones de pesos por 20 años, que serán utilizado en
términos generales para programas sociales como “hambre cero”.
Quizá lo que lleva al Gobierno del Estado a contratar más
deuda pública es que en la última publicación del reporte trimestral del
Instituto “Belisario Domínguez” de la Cámara de Diputados, se observa que la
relación de deuda estatal con el Producto Interno Bruto (PIB) muestra una clara
estabilidad por la reducción paulatina desde 2015 cuando la deuda pública era
equivalente al 7.9 por ciento del PIB, hasta el 6.6 por ciento obtenido del
2018 y que se ha mantenido controlada en esa proporción hasta el primer
trimestre de 2020, según Yohanet Torres Muñoz.
Lo cierto es que con estos 820 millones de pesos, el
Gobierno del Estado compromete al 100 por ciento sus participaciones federales;
aunque con probabilidad le apuesta a los resultados de la evolución del financiamiento
público, que pasó del 2.10% en el 2009 al 6.86% al primer trimestre del 2019. Asimismo,
a partir del año 2010, el financiamiento de Quintana Roo, como porcentaje de su
Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) ha sido superior al promedio nacional. Específicamente,
para el primer trimestre del 2019 fue equivalente al 6.86% del PIBE, en tanto
que el promedio nacional fue del 2.88% del PIB.
Aunque lo óptimo sería que el Gobierno del Estado
contratara deuda pública por el periodo que le corresponde administrar, lo real
es que los quintanarroenses continuaremos endeudados por otros 20 años más, en
caso de que la Comisión de Hacienda, Cuenta y Presupuesto que preside José de
la Peña Ruiz de Chávez decida analizar y subir la iniciativa al Pleno, donde
seguramente “ya está planchada”.
SASCAB
La labor social en el gobierno de Cozumel no se detiene. En
el marco de la Sexta Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Sistema DIF
Cozumel, el Presidente Municipal, Pedro Joaquín Delbouis, y su esposa Mary Mar
Abad de Joaquín, refrendaron su compromiso de procurar el bienestar y mejorar
la calidad de vida de las familias más vulnerables de la isla, a través de
diversas acciones como los apoyos sociales.
Esto por la situación difícil que pasan las familias cozumeleñas
derivado de la Pandemia de Covid-19 que azota al mundo; aprobaron la
condonación del pago de cuotas correspondientes a los meses abril-agosto en los
servicios que prestan los Centros de Desarrollo Integral (Cendis), lo que
beneficia de forma directa a más de 280 padres de familia, toda vez que las
actividades de dichos centros son impartidas a más de 80 infantes, a través de
las plataformas digitales, de acuerdo con el informe de Alma Leticia Rodríguez
Alonso, coordinadora de los Cendis.
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