CHETUMAL.- Los intereses personales de Ariadne Song
Anguas y de la exprofesora de la Universidad de Quintana Roo (Uqroo), Yunitzilin
Rodríguez Pedraza, tienen al movimiento feminista Proaborto entrampada en las
negociaciones con los diputados integrantes de la XVI Legislatura, con esto la
lucha toma tintes políticos y no sociales, denunciaron diversos activistas
sociales.
La inconformidad por el tema de la despenalización del
aborto tiene sus manifestaciones en colectivos como “Pro-Vida”, cuyos
integrantes fijaron su posicionamiento en contra desde el 2018, cuando
convocaron a marcha de protesta pacífica en Chetumal.
Abiertamente Andrea del Rio Martínez, presidenta del
Centro de Formación Integral de la Mujer; María de Lourdes De Ita López,
enfermera especialista en Oncología; Sagrario Cabrera Cáceres, de Pro-Vida y
Fausto Canto García, del Frente Nacional por la Familia, manifestaron su
desacuerdo por la despenalización del aborto en Quintana Roo.
Pero no nada más “Pro-Vida”, sino que ahora el obispo de
la diócesis Cancún-Chetumal, Monseñor Pedro Pablo Elizondo Cárdenas pidió a
todos los sacerdotes convocar a sus fieles a una manifestación cívica y
pacífica el próximo 8 de diciembre a las 12:00 horas en la sede del Congreso
del Estado, que se ubica en Chetumal, con el fin de defender el derecho más
fundamental de todo ser humano, que es el de la vida.
De igual manera justificó que la convocatoria es en
respuesta a la presión que está generando un grupo de mujeres feministas en el
inmueble del Poder Legislativo para exigir a las y los diputados despenalizar
el aborto. Señaló que un cristiano no puede quedarse callado ante las
injusticias que se viven hoy en día, sobre todo si se trata de seres indefensos
que se están gestando en el vientre materno.
GRUPOS POLÍTICOS DETRÁS DEL MOVIMIENTO
Sin embargo, esa lucha legítima de las mujeres sobre la
decisión de abortar o no, es manchada por el resentimiento que Ariadne Song
Anguas y Yunitzilin Rodríguez Pedraza tienen hacia las instituciones, pues la
primera al ser despedida hace meses como Secretaria Técnica de la Comisión de
Desarrollo que preside el diputado José Luis Guillén López, emprendió una lucha
contra todo aquello que tenga que ver con el proceso legislativo, de ahí su
cerrazón de manipular el movimiento feminista para que permanezca más tiempo en
plantó y trate de paralizar las actividades legislativas.
Según comentan los líderes sociales, solo hay que seguir
la “línea política” para saber quiénes son los que están detrás de la
politización del movimiento feminista. Por ejemplo, Ariadne Song Anguas es
sobrina de la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Lizbeth
Song Encalada en el gobierno de Félix González Canto (2005-2011) y en el primer
año del exgobernador Roberto Borge Angulo (2011-2016), quienes presuntamente se
encargan de financiar a las manifestaciones en contra del gobierno del estado y
en este caso del Poder Legislativo.
En el caso de la integrante del colectivo proaborto,
Yunitzilin Rodriguez Pedraza exigió que los diputados de la XVI legislatura tienen
hasta este viernes para legislar sobre esta propuesta en comisiones, no
importando que no se respete el riguroso proceso legislativo donde se deben
escuchar las voces de expertos en el tema y el previo análisis en comisiones.
EL NEGOCIO DE PROTESTAR
No es la primera vez que la autollamada activista social
quiere “llevar agua para su molino”, desde el 2017 tomó como bandera protestar
por cualquier cosa que considera le deje dividendos políticos; Ariadne Song
primero buscó la presidencia municipal de Othón P. Blanco en 2017 por la vía
independiente, pero no pasó el filtro del apoyo ciudadano.
El 1 de mayo de 2018 se plantó frente a la casa de
Gobierno con no más de 15 personas para protestar por la cancelación del evento
por el Día del Trabajo.
No hay que ir muy lejos, el pasado 15 de septiembre integrantes
del colectivo “Marea Verde” tomaron simbólicamente las instalaciones de la
Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, pues ahí no hay reflectores
políticos como en el Congreso del Estado, por eso en este último la toma no fue
simbólica sino física, en detrimento del beneficio de la mayoría de los
quintanarroenses.
“En estos casos, lo que se debe privilegiar es el bien
común, que debe estar sobre los intereses particulares”, declaró el abogado
constitucionalista, José Félix López López.
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