A DEFENDER LOS DERECHOS CIVILES DE TODOS LOS MEXICANOS
Vivimos un alarmante crecimiento de la violencia y la
represión contra los defensores de los derechos humanos en México. La vida de
activistas, abogados, abogadas, periodistas, líderes comunitarios,
sindicalistas y todo aquel que lucha por defender los derechos humanos en el
marco de proyectos productivos y extractivos corre un grave peligro.
En lo que va del periodo de Peña Nieto se han documentado
ya la mitad de las violaciones contra defensores de derechos humanos que en el
sexenio de Calderón. En este contexto, el Secretario Ejecutivo de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, indicó que una de
cada cuatro acusaciones que recibió la Comisión en 2014 correspondió a México. Un crecimiento del 30%
con respecto del año pasado.
Este fenómeno está acompañado de mayor impunidad de las
fuerzas policiacas y del Ejército. Las autoridades del Ministerio Público no
atienden las denuncias, no investigan, no dan seguimiento a las acusaciones. No
existe autoridad confiable a la cual recurrir para sancionar los delitos, menos
aun cuando el autor es policía o militar. Por su parte, el sistema judicial
legitima las acusaciones contra inocentes. Toma como ciertas las declaraciones
de los policías y los testimonios apócrifos y desestima los argumentos de los
defensores de derechos.
Este es el caso de los miembros de la ASAMBLEA DEL PUEBLO
JUCHITECO, amenazados por su oposición a la construcción de un parque eólico.
De MARCO MAZATLE, acusado por el gobierno estatal ras
defender una zona protegida en Cholula, Puebla y orillado a solicitar asilo
político.
De JUAN CARLOS FLORES SOLÍS, del Frente de Pueblos en
Defensa del Agua y la Tierra, acusado de disturbios y ataque a obras
hidráulicas durante una manifestación en Acuexcomac, Puebla.
De MARCO ANTONIO SUÁSTEGUI, vocero del Consejo de Pueblos
y Comunidades de la Parota, acusado falsamente de lesiones y ataque con mano
armada.
De ENEDINA VÉLEZ, Presidenta del Comisariado de San
Felipe Xonacayucan, en Puebla, de 60 años de edad, que rechaza el paso del
Gasoducto, acusada de robo.
De los miembros de los albergues para Migrantes, como el
ALBERGUE LA SAGRADA FAMILIA en Apizaco Tlaxcala, que ha emprendido la lucha por
quitar las vallas de la empresa Ferrosur, que impiden que los migrantes sean
atendidos
Esta Secretaría condena la falta de atención de estos
casos. Por eso solicitaremos una reunión de los gobernadores del país donde se presenten
casos de presos políticos para exponer la necesidad de su liberación. También
buscaremos una reunión con los líderes de los grupos parlamentarios para
exponer la urgencia de una legislación que incluya procedimientos para
investigar los casos de tortura, desaparición forzada y ejecución
extrajudicial; para la búsqueda y localización de personas; así como la
implementación del Reglamento de la Ley General de Víctimas, que lleva un
retraso de tres años.
Emprenderemos también una labor de recopilación y
análisis de los instrumentos y protocolos de actuación de los cuerpos de
seguridad pública de cada uno de los estados del país, en el caso de control
manifestaciones públicas y concentración de multitudes, especialmente de
comunidades que se manifiestan contra algún proyecto productivo. Esperamos que
a partir de este análisis se pueda construir una propuesta de reglamentación
nacional de la actuación de las policías en caso de manifestaciones públicas
para que los protocolos sirvan como medios de defensa de las libertades
civiles, indispensable para la defensa y conquista de los derechos humanos.
No podemos dejar de aludir a la reforma en curso de los
artículos 11 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
que autoriza a los gobiernos a buscar mecanismos alternativos para el ejercicio
de las libertades de expresión, reunión y manifestación, que lejos de responder
a las necesidades de movilidad y transporte, hace nugatorios los derechos
civiles y criminaliza a quienes participan en manifestaciones.
Todo intento de limitar las libertades de expresión,
asociación y manifestación es violatorio de la Constitución Política, así como
de los instrumentos internacionales signados por nuestro país. En un sistema
democrático, los derechos civiles son libertades políticas para objetar y
contradecir las decisiones públicas, y para orientar las políticas públicas. Es
por eso que se deben proteger e interpretar de la manera más amplia. Los
límites de la libertad de expresión están claros: son los derechos de terceros,
que están protegidos en la legislación penal. Ninguna mayoría puede traspasar
está frontera
En un momento de grave crisis de legitimidad del Estado y
del ascenso de la indignación social contra el autoritarismo, la aprobación de
esta reforma constituye una irresponsabilidad política que sólo profundizará el
sentimiento de agravio y será vista como un intento por acallar las protestas.
La Secretaría de Derechos Humanos del CEN del PRD rechaza
enérgicamente el contenido del dictamen en cuestión y hacemos un llamado a los
legisladores de todos los partidos a impedir el secuestro de las libertades
civiles en México.
LIC. CARMEN VERA JUÁREZ
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DEL CEN DEL PRD
No hay comentarios:
Publicar un comentario