Cancún, Quintana Roo.- El GPPRD lamenta que no se respete
la normatividad y la protección a los manglares en el malecón Tajamar Cancún en
Quintana Roo, así como el uso de la fuerza pública para evitar el acceso a los
ciudadanos a dicho espacio público.
Una vez más el gobierno federal en complicidad con el gobierno
estatal y municipal, muestran su prepotencia, abuso de autoridad para violar la
ley y beneficiar a unos cuantos empresarios a costa de los recursos naturales
del país.
Es de recalcar que el PRD no está en contra del
desarrollo económico ni de la inversión, al contrario, apuesta por un
desarrollo integral sin afectaciones, donde debe prevalecer la certeza jurídica
para los empresarios, la generación de empleos y el cuidado al medio ambiente, por
eso el llamado a las autoridades es para que respeten la normatividad ambiental
y que Fonatur resarza el daño a los empresarios.
Las diputadas y los diputados del PRD, inscribieron un
punto de acuerdo para solicitar al ayuntamiento de Benito Juárez, al gobierno de
Quintana Roo y al Ejecutivo federal un informe público pormenorizado en
relación a los permisos y licencias de construcción emitidas por el gobierno
local para desarrollos inmobiliarios en el malecón de Tajamar y Punta Nizuc.
Es deber del Gobierno proteger los recursos naturales de
los mexicanos y cumplir con compromisos internacionales adquiridos para la
protección del medio ambiente y los efectos del cambio climático, entre ellos
los que recientemente el Ejecutivo Federal adquirió en la COP 21 y que están
por encima de los intereses de particulares.
Desde el GPPRD se impulsarán los acuerdos necesarios a
fin de que la zona se decrete como área natural protegida y se cite a los
responsables de los tres órdenes de gobierno implicados en el ecocidio. Además,
se ha consultado a diversos ambientalistas y aseguran que se podría reforestar
y recuperar el mangle de la zona en un periodo de 10 a 20 años si se detiene la
devastación.
Asimismo, el GPPRD llamará a comparecer a los titulares
de Semarnat, Profepa y Fonatur, con la finalidad de que expliquen por qué
otorgaron permisos en una zona de manglares y humedales.
Es deber del H. Congreso de la Unión defender el derecho
a un medio ambiente sano, la preservación y restauración del equilibrio
ecológico, por ello el GPPRD a través de la Cámara de Diputados, se promoverá
juicio político en contra de los servidores públicos que vulneraron los
preceptos constitucionales consagrados en los artículos 4, 25 y 27, contra la
integridad del territorio y del interés
supremo de la nación, particularmente en la Ley General de Vida Silvestre en su artículo 60TER.
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